El futuro de la sanidad pública española quedará cuestionado a medio plazo si de inmediato no se reorienta su funcionamiento general: el uso de los servicios, el elevado consumo de medicamentos financiados y la constante adquisición de tecnología de eficacia no siempre probada. El actual ritmo asistencial, la incesante incorporación de nuevos procesos técnicos y el creciente aumento de personas con derecho a asistencia sanitaria pública lo han convertido en un sistema tan valioso como insostenible. En todo eso estuvieron de acuerdo el jueves los 17 consejeros de salud de las comunidades autónomas, reunidos con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Decidieron reordenar la afluencia de enfermos a los centros, en especial a los servicios de urgencia de los hospitales, y revisar la aportación de los usuarios. Esto último podría traducirse, antes de que acabe el año, en el establecimiento de algún filtro económico que ayude a reajustar las visitas algo desordenadas de ciudadanos a los centros. Previamente, habrán de fijar un circuito eficaz de asistencia rápida que se inicie en una adecuada red médica en los barrios. Estas medidas, pendientes de un profundo debate en el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a los 17 consejeros, deberán ser analizadas con médicos y enfermeras.
El orden de aplicación de cualquier paso crea discrepancias. «Antes de implicar a los usuarios en la solución de los problemas sanitarios, han de mejorar muchas cosas –apuntó ayer Miquel Vilardell, presidente del Col·legi de Metges de Barcelona–. Faltan criterios eficaces que controlen la afluencia de pacientes a los hospitales; hay que revisar la cartera de servicios y conservar solo los que hayan demostrado su eficacia». «Los ciudadanos no entenderán ni aceptarán que se les proponga algún copago si antes no se ha mejorado la estructura sanitaria –añadió–. Nadie va a urgencias por gusto».
POR UNANIMIDAD
POR UNANIMIDAD
En la reunión celebrada el pasado jueves en el Ministerio de Sanidad, los consejeros de salud expresaron su deseo de salvar una red asistencial de calidad, cuya supervivencia depende de que se apuntalen sus cimientos. La única condición que se han fijado es la de la unanimidad: o pactan medidas de ámbito estatal o no habrá atajos unilaterales que salven al sistema. Un grupo de consejeros quedó encargado de redactar la hoja de ruta en la que el mensaje «esfuerzo de todos» es el eje. En ese «todos» se cita en primer lugar a los usuarios, que, indicaron, «deben entender que son corresponsables de su salud y tienen que implicarse en hacer buen uso de los servicios».
Médicos y enfermeras reciben idéntico mensaje. «No existe suficiente conciencia social de los retos y dificultades de la sanidad española», suscribieron en un texto final. «La buena valoración de la sanidad pública ha contribuido a que no se perciba como un problema social –indicaron–. Esto, en una sociedad de consumo avanzada, ha dado lugar a una sobreutilización de los servicios, incluso para malestares menores». El objetivo, en definitiva, es dar con el punto que permita ajustar la asistencia a sus límites, sin culpar a los ciudadanos de un eventual mal uso. El documento también alude a la necesidad de que los médicos reflexionen sobre la utilización excesiva de técnicas injustificadamente caras para las que existen alternativas eficaces y menos costosas.
Font: El Periódico.com
